SB 360, una ley propuesta recientemente y que va en camino al senado estatal de California, no solo debería alarmar a los católicos del país, sino también a adeptos de todas las religiones. En California, como en casi cualquier otro estado, los clérigos (junto con una gran variedad de otros profesionales, que incluye a doctores, trabajadores sociales, maestros y terapeutas) son informantes por mandato; lo que quiere decir que están obligados a informar de cualquier caso o sospecha de abuso infantil o de negligencia en la aplicación de la ley. Sin embargo, cuando un clérigo en California adquiere este conocimiento en el contexto de una “comunicación penitencial” está exento de dicha obligación. SB 360 eliminaría la exención. El senador Jerry Hill, patrocinador de la medida, describe el alcance y el propósito de su propuesta así: “La ley debería ser aplicada de la misma manera a todos los profesionales que han sido designados como informantes por mandato de estos crímenes. Sin excepciones, punto. La exención para el clero solo protege al abusador y pone al niño en mayor peligro”.
Quisiera dejar claro lo que este pasaje de la ley significa para los sacerdotes católicos de California. Inmediatamente, los pondría ante una terrible disyuntiva. Como el derecho canónico de la Iglesia estipula que la violación consciente del secreto de confesión resulta en la excomunión automática, cada sacerdote, bajo esta nueva ley, correría el riesgo de ser enjuiciado e incluso apresado por un lado o de ser excluido formalmente del cuerpo de Cristo por otro. ¿Y acaso alguien duda de que, si esta ley es aprobada, se harán intentos de atrapar sacerdotes, poniéndolos en esta posición imposible?
Lo que espero que esté claro —no solo para los católicos, sino para cualquier estadounidense comprometido con la Primer Enmienda— es que estamos ante un eminente caso de violación del principio de libertad religiosa. Al estipular que el congreso jamás legislará de forma que dañe el libre ejercicio de las religiones, bloquea cualquier agresión del estado contra las mismas. Los artífices de la Carta de Derechos estaban legítimamente alarmados ante la idea de un gobierno inmiscuyéndose en asuntos de una comunidad religiosa, monitoreando sus creencias y patrullando su comportamiento. Pero dicha interferencia y monitoreo es precisamente lo que hace la SB 360.
Soy consciente de que los no católicos y los no creyentes pueden no entender cuan precioso es el sacramento de la Confesión para los católicos y por qué el secreto de confesión importa tanto. En mi último año en el seminario, mis compañeros y yo teníamos una clase sobre la teología y la práctica del sacramento de la Reconciliación (por llamarlo por su nombre preciso). Nuestro profesor nos dijo algo que se me ha quedado grabado al cabo de mis treinta y tres años de sacerdocio, marcado a fuego en mi mente y en mi alma. Nos dijo “Si alguien pregunta, ‘Padre, ¿Me confiesa?’, la respuesta es sí. Incluso si haciéndolo ponemos nuestra vida en riesgo, la respuesta es siempre sí.” Y siguió, “Si alguien preguntara sobre lo que se dijo durante la confesión, deberás actuar como si la confesión nunca hubiera sucedido. Y si actuando así pusieras en peligro tu propia vida, seguirás actuando como si la confesión no hubiera sucedido”.
¿Por qué los católicos se toman este sacramento tan seriamente? Lo hacemos porque creemos que a través de este encuentro sacramental, el pecador accede a la gracia curadora y reconciliadora de Cristo. Durante la confesión, creemos que el sacerdote actúa en la misma persona de Cristo. Por tanto, el penitente está hablando y escuchando al Señor mismo, y nada debería ponerse en el camino de un pecador que busca esta fuente de gracia. A la luz de estas aclaraciones, puede entender la importancia indispensable del secreto sacramental. Si un penitente pensara que el sacerdote con quien se confiesa fuera a compartir con otros lo que le ha confiado en la más sagrada de las confidencias, él o ella se mostraría reluctante a acercarse al sacramento de la Reconciliación. Y es por eso que la Iglesia lucha con tanta decisión para proteger, a toda costa, la integridad de la Confesión.
A lo largo de la historia de nuestro país, el gobierno ha luchado para proteger el derecho de la Iglesia Católica a determinar sus propias prácticas sacramentales y nunca ha buscado obligarla a romper el secreto sacramental. Dada la existencia de esta venerable tradición, y en base a la Primera Enmienda, parece que hay fuertes pruebas en contra de aquellos que quieren terminar con la excepción. Pero lo que es innegable es que la libertad religiosa está en grave peligro, especialmente cuando consideramos el peligroso camino al que nos dirige la SB 360. Está claro que el asesinato, el robo, la violencia doméstica, la negligencia infantil y la violación son crímenes terribles. ¿Obligará el estado a los sacerdotes a informar sobre estas ofensas a las autoridades cuando las escuchen es los confesionarios?
Por un tiempo ya, las instituciones públicas de la Iglesia han estado bajo ataque por el estado secular. El gobierno ha buscado determinar que debe enseñarse y hacerse en las escuelas católicas y que debe llevarse a cabo en los hospitales católicos, incluso cuando estas prácticas van en contra de doctrinas formales de la Iglesia. Pero con la SB 360, las autoridades seculares quieren entrometerse en la intimidad de la Iglesia, en sus prácticas sacramentales y disciplinares. Los católicos deben, por supuesto, levantarse en clara protesta contra estas incursiones agresivas. Pero también debe hacerlo cualquiera al que le interese la libertad religiosa en nuestra sociedad.